Madrid, 27 de septiembre de 2017. Berkeley Minera rechaza públicamente las afirmaciones que recientemente han realizado varias organizaciones contrarias al proyecto en relación con los supuestos que han experimentado las empresas francesas en África y que resultan ser  totalmente infundadas. Queremos recalcar que el proyecto de Salamanca se desarrolla de acuerdo con las más altas normativas internacionales de salud, seguridad y medio ambiente.

Hasta la fecha, la Compañía ha recibido más de 100 informes y permisos favorables para la realización del proyecto. Además, la empresa ha sido galardonada con certificados de Minas Sostenibles (UNE22470 / UNE22480) y Excelencia Ambiental (UNE-EN-ISO 14001) por AENOR, organismo independiente del Gobierno.

El proyecto ha sido estudiado de cerca por diferentes órganos administrativos a todos los niveles: Unión Europea, Administración Estatal (autorizaciones emitidas por la Confederación Hidrográfica del Duero, Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital), Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Salamanca y Ayuntamiento de Retortillo.

El Consejo de Seguridad Nuclear, el órgano competente para evaluar cualquier impacto potencial sobre la salud de los residentes, llevó a cabo un extenso estudio que concluyó que, «según las estimaciones realizadas, la explotación minera y el funcionamiento de la planta de tratamiento no tienen ningún impacto sobre la población por encima de los límites establecidos«.

El proyecto de Salamanca está situado en una región histórica de minería de uranio. De hecho, la Mina FE de Saelices el Chico, funcionó a 40 kilómetros de 1974-2000 y ninguno de los impactos negativos citados por la oposición ocurrió en esa localidad.

Francisco Bellón, director general de Berkeley Minera España, comentó:

«Estamos haciendo una inversión de hasta 250 millones de euros en una región que tiene uno de los niveles más altos de desempleo en la UE y el año pasado perdió 25.000 personas.

Los grupos opositores continúan intentando detener un proyecto que creará 2.500 empleos directos e indirectos. Nuestros 68 empleados indefinidos, muchos de los cuales provienen de Villavieja y Retortillo, se enfrentan a perder sus puestos de trabajo si esta campaña enfocada a detener el proyecto tiene éxito».

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